¿Qué es la mediación jurídica y cómo funciona tras la Ley 1/2005?
La mediación jurídica es un procedimiento estructurado en el que un tercero neutral facilita que las partes alcancen un acuerdo extrajudicial. Tras la Ley 1/2025, se integra como fase preprocesal obligatoria en determinados litigios, con plenos efectos jurídicos si culmina en un convenio formal válido ante el ordenamiento legal.
¿Es la mediación MASC obligatoria antes de acudir a un juicio?
Sí, la Ley 1/2025 establece la obligatoriedad de intentar un MASC, como la mediación, antes de interponer demanda en ciertos procedimientos civiles y mercantiles. Salvo excepciones legales, las partes deben acreditar haber acudido a un mecanismo extrajudicial, lo que refuerza su valor como vía previa de resolución de conflictos.
¿Qué ventajas tiene la mediación?
Con la entrada en vigor de la nueva Ley, los MASC permitirán un menor desgaste emocional y coste económico a las partes. Además se trata de un proceso rápido y flexible con prevención de futuros conflictos. El objetivo es la resolución de discrepancias de una forma cooperativa y pacífica.
¿Cuándo se debe recomendar mediación a sus clientes?
Debe recomendarse siempre que el conflicto sea sobre materias disponibles y las partes deseen una solución ágil, confidencial y colaborativa. Resulta especialmente útil en controversias civiles o mercantiles no contenciosas. Además, en los casos legalmente obligatorios, la mediación previa evita inadmisiones procesales o dilaciones judiciales innecesarias.
¿Cómo se garantiza la imparcialidad del mediador?
La imparcialidad se garantiza mediante la intervención de un agente mediador neutral, debidamente acreditado y sujeto a los principios de confidencialidad, equidad y transparencia. Los profesionales inscritos en el Registro oficial de MASC actúan sin favorecer a ninguna de las partes, asegurando la objetividad del proceso y del acuerdo resultante.
Ámbitos donde puede realizarse la mediación MASC
Procedimientos familiares, como pueden ser herencias, divorcios u otras liquidaciones de gananciales. Procedimientos civiles, como puede ser el ámbito de contratación o reclamaciones laborales. Conflictos entre vecinos, comunidades de propietarios, ONGs o Asociaciones sin Ánimo de Lucro.
